El Ministerio de Medio Ambiente ha denunciado ante la fiscalía y destituido al jefe de Planificación de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el funcionario Agustín Pastor Turullols, por intentar beneficiar a la empresa de dos socios suyos, según el escrito al que ha tenido acceso este diario. Pastor firmó un informe en el que respaldaba las tesis de dicha empresa, llamada Salto de la Breña. Con ese dictamen favorable podían reclamar unos 12 millones de euros en un pleito que mantienen contra la Administración, según calculan fuentes del caso. La Abogacía del Estado sostenía que le correspondía un millón. Pastor es socio en un par de empresas de dos de los dueños de Salto de la Breña.
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir batió un récord de diligencia a finales de diciembre. En solo siete días, y con las fiestas navideñas en medio, Pastor emitió el informe favorable a las tesis de Salto de la Breña.
Tras la construcción en 2009 del embalse de la Breña II (Córdoba), la sociedad estatal Acuaes intentó anular la concesión que la empresa Salto de la Breña tenía desde hace décadas para el aprovechamiento hidroeléctrico en la Breña I, de 1935. Por esta razón, la mercantil pleitea desde hace años en los tribunales contra Acuaes y, para reforzar su tesis, pidió el informe a la Confederación. Pastor redactó en menos de una semana ese dictamen y les dio la razón. La empresa lo incorporó al litigio que mantiene en los juzgados de lo contencioso-administrativo. La Abogacía del Estado se sorprendió al ver el informe oficial que apoyaba a la mercantil y comenzó a estudiar el caso.
«Ahora que lo pienso, no tendría que haber firmado ese informe», ha reconocido Pastor a EL PAÍS. Según su versión, el documento «ni beneficia ni perjudica a nadie» y no menciona cantidad alguna de indemnización.
No opina lo mismo el ministerio, que ve «indicios delictivos» en su actuación. «La emisión del informe se ha realizado al margen de cualquier procedimiento legal o reglamentario establecido para una sociedad mercantil», apunta el escrito que el ministerio ha enviado a la fiscalía y que el pasado 30 de enero firmó el subsecretario, Jaime Haddad. «Su contenido contradice frontalmente el criterio mantenido desde un primer momento por la CHG», añade. El ministerio sostiene que el informe puede «ocasionar un grave perjuicio a la defensa» de «los intereses del Estado».
Pastor fue destituido de su cargo de libre designación por el presidente de la Confederación, Manuel Romero, aunque sigue como funcionario. Se le ha abierto un expediente disciplinario, pero este trámite ha sido paralizado al estar el caso en la fiscalía. El informe está también firmado por el comisario de Aguas de la CHG, del que dependen las concesiones de este tipo. En este caso, solo se le ha abierto un expediente informativo ya que, según las fuentes consultadas, el firmante no tiene intereses en este asunto.
En el caso de Pastor, esos intereses son evidentes y basta hacer una consulta en el registro mercantil. Por un lado, el alto funcionario figura como administrador solidario de la empresa Gabinete de Promociones Costa Golf. El otro administrador de esta mercantil es José Luis Hernández León. Este último es el presidente de Salto de la Breña, beneficiada por el informe de Pastor. «A lo mejor soy presidente. A veces es un título honorífico», señala Hernández León, que atribuye sus intereses en Salto de la Breña a una herencia de su padre. Este admite que conoce a Pastor —»es un señor de Córdoba»—, aunque niega que sean amigos.
Otro de los consejeros de Salto de la Breña, Santiago José Alegre Molina, es administrador solidario de Trancesa Transportes de Cenizas y Cementos, de la que Pastor es apoderado desde 2000. Alegre no ha querido hacer declaraciones.
Pastor, que lleva 30 años en la Confederación, era el número cuatro de este organismo. La CHG no ha querido comentar la noticia y se limita a señalar que ha sido apartado del cargo. Pastor ha sido responsable del diseño del plan hidrológico del Guadalquivir, que ordena todas las obras hidráulicas de la cuenca.os o la colocación de preferentes entre su clientela, calificada de «abuso» por el ministro de Economía, Luis de Guindos.
